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La legalización de mi casa y cómo el arquitecto de Urbenco Green nos robó 1230 euros. Parte 2

Hola a todos,

En el post de hoy les cuento cómo sigue la historia del arquitecto que nos robó 1230 euros y que fue condenado por el tribunal arbitral a pagarnos 2460 euros por daños y perjuicios.

Aquí tienen la primera parte del post:

Nos habíamos quedado en que mi abogada iba a mandar la carta para que el arquitecto devolviera el dinero que había cobrado.

En la carta la abogada le daba 10 días útiles para hacer el trabajo o para devolver el dinero.

Días después la abogada me escribió para que habláramos personalmente con respecto a la situación del arquitecto.

Resulta que el arquitecto no había respondido a la carta, sino que había llamado a mi abogada por teléfono para contarle otra vez todas las múltiples historias que ya había dejado plasmadas en sus e-mails.

Además, le dijo a mi abogada que él había cobrado ese precio “tan barato” porque nosotros le habíamos implorado que nos hiciera una rebaja.

Así de desgraciado es este tipo que aun fue a decirle mentiras a mi abogada.

Además, es muy curioso que después de habernos amenazado con denunciarnos él a nosotros con su “equipo jurídico”, resulta que ninguno de los abogados de este supuesto equipo jurídico había podido responder a la carta. Esto me hacía pensar que no tenía dinero ni para pagarse un abogado.

La nueva historia era que en febrero cuando salió la Ley Simplex él se dio cuenta de que iba a ser más favorable para nosotros hacer la legalización de la casa de acuerdo a esta ley y ahí mismo en febrero hizo una cita para ir a la Cámara Municipal con toda la documentación el día 15 de junio de 2024.

Que luego había estado de formaciones con la Cámara Municipal y cuando volvió el 13 de marzo fue cuando respondió a nuestro e-mail.

Lógicamente, todo esto es mentira porque si fuera cierto, hubiera informado a sus clientes.

Cabe destacar además que no le envió a mi abogada el comprobante de esa supuesta cita que había hecho en la Cámara Municipal.

Mi abogada me preguntó qué quería hacer.

Le dije que le pidiera el comprobante de la cita en el que se viera en qué fecha hizo la cita y si realmente era para nuestro proceso.

De todas formas, yo iba a avanzar con la denuncia contra el arquitecto ya que me tenía que indemnizar por todo el tiempo que me había hecho perder.

Yo sabía que todo era mentira y que era otro cuento para ganar tiempo y seguramente cuando llegara el 15 de junio, le ocurriría otra de sus supuestas tragedias.

El 17 de mayo vino un arquitecto a hacer un presupuesto para la legalización de la casa ya que lo necesitaba para poder cuantificar el importe de la indemnización que pediría al momento de hacer la denuncia.

Este arquitecto me dijo que si realmente había un registro cartográfico de los años 40 en el que aparecía la estructura total de la casa, ni siquiera hacía falta elaborar ninguna documentación, simplemente sería necesario actualizar las medidas del inmueble en todos los documentos.

Mi abogada quedó a la espera de que el arquitecto le mandara este comprobante de la cita, pero como yo sabía que todo era mentira, el 21 de mayo lo denuncié ante la Ordem dos Arquitectos, CICAP (oficina del consumidor) y ante el IMPIC.

Días después la abogada me mandó un screenshot de un SMS con una cita para el 13 de junio pero que no decía ni cual era el proceso ni cuando se había pedido la cita.

Sabiendo que este hombre es un mitómano, escribí personalmente a la Cámara Municipal para preguntar si el arquitecto había hecho una cita para el 13 de junio para llevar la documentación del proceso de legalización de mi casa. El 6 de junio recibí la respuesta y no había ninguna cita hecha con respecto a mi casa. Una vez más, este hombre había mentido para ganar tiempo.

Quedé entonces a la espera de que me contactaran de alguno de los organismos ante los que puse las reclamaciones y de que mi abogada elaborara la acción para introducirla en el tribunal.

Fui citada para ir a juicio en CICAP el día 1 de agoto de 2024.

A 4 días de esta fecha, apareció la abogada del arquitecto para decir que ella iba a estar de vacaciones esa semana y que debían cambiar la fecha.

Lógicamente, me opuse pero el jurista decidió cambiar la fecha para el 11 de septiembre de 2024.

Ese día yo iba a estar de viaje y a diferencia de la abogada del arquitecto, envié las pruebas de mis vacaciones.

Como íbamos a perder bastante tiempo hasta que reprogramaran nuevamente el juicio, aproveché para ponerme en contacto nuevamente con la Cámara Municipal para preguntarles si realmente el arquitecto José Carlos costa había hecho la supuesta reunión del 10 de julio de 2023 y si realmente existían estos registros cartográficos de los años 40.

Si la Cámara Municipal no tenía registros de esa reunión y de esos supuestos registros cartográficos, ya no estaríamos hablando de un incumplimiento de contrato, sino de una estafa.

El 29 de agosto fui a ser escuchada a la Ordem dos Arquitectos.

El arquitecto había ido previamente a declarar y la excusa para no entregar la documentación fue que yo no le entregué la certidão y que no respondí a uno de sus e-mails.

Dijo que mandaría todas las pruebas, pero aun ese día no las había enviado. La arquitecta Marla Ribeiro (encargada de ese proceso de consultas) me dijo que en su opinión profesional lo que nos había dicho el arquitecto Sergio Carvalho es cierto; que la casa solo se podrá legalizar a través de demolición porque la ley dice que tiene que haber una parte del terreno que sea área de impermeabilización (área sin construcción) y en mi casa prácticamente no hay.

El 18 de septiembre de 2024 fuimos al juicio en CICAP.

La abogada del arquitecto presentó la defensa solo ese día y entre los documentos había una supuesta cita del 13 de junio, pero tampoco se veía cuando había sido hecha la cita. Además, anexaban unas plantas que no eran las de mi casa, sino las de la casa del vecino.

El juez preguntó si había alguna posibilidad de conciliación y la abogada del arquitecto dijo que ofrecía devolver 200 euros, lo que era un importe ridículo.

Pasamos inmediatamente al juicio en el que ambas abogadas y el mismo jurista hacían preguntas a ambas partes.

El juez una y otra vez nos cortaba porque decía que todo lo que estábamos diciendo ya se encontraba en la documentación aportada.

Básicamente lo que se hizo fue hablar de la “certidão permanente” que es la excusa del arquitecto para un año después no haberse dignado a entregar la documentación. Quedó bastante claro que él se había comprometido a pedir este documento y al final no lo pidió.

Pensé que el juicio estaba clarísimo, pero salí con duda ya que el juez no había dejado hablar y lo único que se podía era responder sí o no.

Además, la abogada del arquitecto en vez de enfocarse en defenderlo, lo que había intentado desde el inicio era rebatir la competencia territorial de CICAP y luego también intentó que se desestimara la denuncia ya que solo estaba yo como demandante y Diego como testigo. Supuestamente debíamos estar los dos como demandantes.

El juez dijo que tardaría 15 días en emitir la sentencia y estaba claro que, si yo ganaba, la abogada del arquitecto intentaría impugnarla.

El día 23 de septiembre de 2024 envié un email al CICAP para notificar que las plantas que el arquitecto había entregado como defensa no eran de mi casa sino de la casa del vecino.

El 7 de octubre llegó la sentencia y por fin se hizo justicia. Gané el juicio y el tribunal arbitral condenó al arquitecto a que me devolviera los 1230 euros y me pagara 1230 euros más en concepto de daños patrimoniales y no patrimoniales.

Inmediatamente mandé la sentencia a la Ordem dos Arquitectos para que procedieran a penalizar al arquitecto como correspondía.

A partir de la recepción de la sentencia, la parte demandada tiene 60 días de plazo para intentar anular la sentencia. Como es poco dinero no pueden recurrirla, solo pueden intentar anularla.

Mi abogada me dijo que debíamos esperar 10 días y allí ella entraría en contacto con la abogada del arquitecto para exigir el pago.

El 17 de octubre mi abogada entró en contacto con la abogada del arquitecto para exigir el pago de los 2460 euros.

Inmediatamente recibí una comunicación por parte de CICAP en la que decía que la abogada del arquitecto supuestamente tenía problemas con su email y que se enviaba la sentencia por correo certificado. Como pueden ver, una excusa más para ganar tiempo y retrasar el pago.

El 18 de octubre la abogada del arquitecto fue notificada por vía postal y aún seguía mintiéndole a mi abogada diciendo que no había recibido nada.

El 20 de noviembre se vencía el plazo para recurrir la sentencia y si para esa fecha no habían pagado ni habían recurrido la sentencia, tendríamos que entrar con un proceso ejecutorio para exigir el pago en el tribunal.

El 19 de noviembre llegó la transferencia bancaria de los 2.460 euros.

No se imaginan el peso que me quité de encima al saber que ya no tendría el problema de tener que iniciar un proceso ejecutorio.

Así, se cierra por fin el capítulo de la estafa del arquitecto José Carlos Costa de Urbenco Green.

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